La Constitución de 1978, nacida del consenso entre las fuerzas políticas, ha demostrado ser, tras casi treinta años de vigencia, un instrumento eficaz para la implantación del sistema democrático en España. El reconocimiento de esta realidad no puede ser, sin embargo, óbice para que el analista y el estudioso adviertan graves motivos de preocupación por el deterioro institucional que, en parte por circunstancias políticas que han favorecido un imprevisto, pero también inmanente, desarrollo de algunos de sus supuestos fundamentales, se ha producido en los últimos años
