El suelo rústico ha sido el gran olvidado de la normativa urbanística tradicional. La Ley del suelo de 1976 apenas dedicaba cuatro artículos, además de algunas referencias esporádicas; la Ley del suelo de 1992 tampoco abordó con detalle la regulación del suelo rústico; en 1996 el Parlamento de las Islas Baleares se dio cuenta que la normativa vigente en las Islas para este suelo era claramente insuficiente y escasa, era claramente necesaria una Ley del suelo rústico en la CAIB. Esta Ley sería finalmente la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares (LSR). La LSR es una ley amplia basada en otras leyes autonómicas del suelo rústico, aunque introduce innovaciones originales muy interesantes desde el punto de vista tecnojurídico a los títulos III y IV, como por ejemplo la trilogía de la clasificación de los usos posibles (admitidos, condicionados, prohibidos) o el entrecruzamiento que se hace entre usos y actividades.
